QUE VIENE EL LOBO
Como cada año la Agencia Tributaria publica el plan de control tributario centrado en tres pilares: comprobación e investigación del fraude tributario y aduanero, control del fraude en fase recaudatoria y colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas.
El pasado 23 de febrero la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria publicó la Resolución que aprueba el Plan General Anual de Control Tributario y Aduanero de 2016.
A continuación, detallamos las principales áreas en las que la Inspección pondrá el ojo:
– Economía sumergida: Actuación, principalmente en el sector servicios, enfocada al descubrimiento de actividades y rentas no declaradas provenientes de la economía sumergida. Particularmente, sobre sectores en los que se aprecie el riesgo de uso de programas de ocultación de ventas y manipulación de la contabilidad.
– Investigación de patrimonios en el extranjero: Potenciación de actuaciones dirigidas a la detección de bienes, derechos ocultos y rentas no declaradas.
– Planificación fiscal internacional: Revisión preferentemente de operaciones por contribuyentes en España mediante estructuras o instrumentos híbridos con el fin de minorar tributación, adquisición de participaciones con apalancamiento para generar carga financiera, operaciones en las que intervengan territorios de fiscalidad ventajosa, control de pagos al exterior de especial relevancia, detección de establecimientos permanentes radicados en España, revisión de operaciones efectuadas por no residentes, revisión de las políticas de precios de transferencia y operaciones de reestructuración empresarial compleja, servicios intragrupo.
– Economía Digital: Desarrollo de protocolos de actuación sobre aquellas empresas que realizan comercio electrónico, que almacenan sus datos en la nube y aquellas que operan a través de la red, con el objetivo de descubrir actividades ocultas y controlar a fabricantes o prestadores de servicios que comercializan sus productos a través de la red.
– Prestaciones de servicios de alto valor: Intensificación de los controles sobre las prestaciones de servicios de actividades profesionales, análisis de signos externos de riqueza, y tanto de los gastos declarados objeto de deducción como de los ingresos no declarados. Asimismo, también se centrará en el control sobre la interposición de sociedades que canalicen rentas de personas físicas con el único objeto de reducir la tributación.
– Fraude organizado en tramas de IVA: Continuación en las actuaciones llevadas a cabo destinadas especialmente en la detección y regularización de aquellas operaciones fraudulentas encaminadas a dificultar la exigencia de responsabilidades tributarias a los titulares de las sociedades que han sido utilizadas en la trama.
– Control sobre operaciones, regímenes jurídico-tributarios, obligados tributarios y sectores de actividad específica: Actuación entre otros sobre contribuyentes en régimen de módulos, respecto fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, control sobre créditos fiscales originados por bases imponibles negativas y deducciones pendientes de aplicación, operaciones de reorganización empresarial, control de subvenciones recibidas por contribuyentes y operativas de las grandes empresas. Además, se potenciarán los controles sobre impuestos especiales, medioambientales y aduaneros.
– Control del fraude en fase recaudatoria: Revisión de la utilización de la figura del aplazamiento o fraccionamiento de deudas, garantizando su aplicación en los supuestos previstos legal y reglamentariamente, y detección de supuestos de responsabilidad de las deudas pendientes de pago.
– Colaboración con las Comunidades Autónomas: Continuará el intercambio de información entre la Agencia Tributaria y las Comunidades Autónomas, sobre los datos censales más relevantes de los obligados tributarios a través del Censo Único Compartido.
Como resulta de los puntos señalados, los objetivos de este año son en su mayor parte continuistas, reforzando las medidas ya existentes. Tal como se desprende del documento se manifiesta la voluntad de intensificar las actuaciones conjuntas entre los órganos de gestión tributaria y los de Inspección Financiera y Tributaria.
